Engaño, fraude, medias verdades o limitar la libre competencia es práctica común en algunos sectores. Por desgracia, existe una política de hechos consumados para repartir más dividendos, rentabilizar cortas carreras profesionales o satisfacer codicias.

Una de las armas más eficaces para sustentar lo indefendible, multiplicar lo leve, desmontar la evidencia o pasar por veraz lo falso son valoraciones, peritajes o auditorías 'a la carta'. Las prodigan ciertas aseguradoras, mutuas, pymes, multinacionales, grandes bufetes, consultoras o potentados.

En tal contexto situamos estudios periciales que elaboran supuestos expertos. Muchos se debaten en ámbitos judiciales. Otros se conciben como estrategias para cobrar, no pagar, negar responsabilidades o lanzar culpas. Algunos informes de peritos privados adivinan su parcialidad.

Si el experto es nombrado por la Justicia para dilucidar controversias se le supone neutral. Pero, lamentablemente, se conocen imputaciones por falsedad a catedráticos, directivos de colegios y colectivos profesionales o reputados especialistas que suscribieron tesis teledirigidas siendo peritos judiciales.

Además circulan, dentro y fuera de juzgados, determinados estudios periciales y atestados policiales cuestionados con éxito por expertos independientes o defensas de inocentes señalados. A otras Instituciones y organismos públicos les llueven recursos por valoraciones o informes escasamente ortodoxos y lesivos para el ciudadano.

Tal panorama genera indefensión y miles de víctimas por documentos que parecen redactados por un enemigo habilidoso. Ante ello, no vale lamentarse. Hay derechos, existe una réplica.

CONTRAPERITAJE oferta una alternativa creíble para equilibrar la balanza. Nuestra iniciativa se basa en una contraprueba rigurosa y objetivada. La brindamos a quienes desean proteger sus intereses. Apostamos por la crítica seria de la versión única o la que se viste como oficial.

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